Revelan amenaza enviada por Ana García a Fernando Suárez a través de ‘Cubeta’: «Que no se te olvide que Juan todavía está vivo»
A poco de la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández mediante un indulto otorgado por Donald Trump, ha sido revelado un episodio oscuro que expone el clima de intimidación que rodeó las investigaciones de corrupción en uno de los casos más emblemáticos del gobierno de JOH.
El abogado Omar Menjívar, defensor de Fernando Suárez, publicó en su cuenta de X un video y un texto donde revela la última amenaza que recibió su cliente.
Según Menjívar, la advertencia fue enviada por Ana García y transmitida a Fernando Suárez por Mario José Cálix, alias «Cubeta», quien actualmente está preso en Estados Unidos por narcotráfico.
El mensaje atribuido a Ana García de Hernández, esposa de JOH, es de una frialdad calculada: «Que no se te olvide que Juan todavía está vivo».
La frase fue interpretada por Suárez y su defensa como una amenaza de muerte directa.
Menjívar explicó en su publicación: «A propósito de la libertad por la vía del indulto que le concedió Donald Trump a Juan Orlando Hernández, vale la pena recordar esto: La última amenaza que recibió Fernando le fue transmitida por alias Cubeta, quien le hizo saber que mandaba a decir Ana, ‘que no se te olvide que Juan todavía está vivo'».
Mario José Cálix, alias «Cubeta», originario de la misma zona que los Hernández, ha sido señalado en expedientes judiciales de Estados Unidos como una persona involucrada desde hace años en el narcotráfico.
Su vínculo con la familia presidencial quedó evidenciado en fotografías y documentos judiciales, entre ellos un cheque emitido por Ana García en 2016 a su favor.
Su presunto rol como intermediario en la amenaza contra Suárez encaja en el patrón de uso de operadores con antecedentes delictivos para transmitir mensajes de intimidación.
En el video que acompañó su publicación, el abogado Menjívar incluyó fragmentos de una entrevista concedida tras la audiencia inicial de Fernando Suárez, donde denunció amenazas de muerte contra él y su familia por la información privilegiada que manejaba.
En esa declaración, el abogado afirmó que Suárez aceptó su responsabilidad y «ha venido a delatar que los hechos ocurridos no fueron aislados… Ha venido a delatar que lo que ocurrió fue producto de la decisión, planificación, ejecución y supervisión de una organización criminal que lamentablemente es la que dirige el Estado de Honduras«.
Los cabecillas de esa organización, según Suárez, eran Hilda Hernández y el entonces presidente Juan Orlando Hernández.
El arquitecto del desvío
Fernando José Suárez Ramírez fue el administrador de dos fundaciones sin fines de lucro —Todos Somos Honduras y Dibattista— que sirvieron como vehículo central en el Caso Pandora, destapado en junio de 2018 por la MACCIH.
A través de ellas se desviaron aproximadamente 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y otras instituciones públicas.
El dinero, destinado supuestamente a proyectos agrícolas, terminó financiando campañas del Partido Nacional, principalmente las de Juan Orlando Hernández, y del Partido Liberal, además de gastos personales de altos funcionarios.
Suárez se convirtió en testigo protegido tras entregarse voluntariamente en noviembre de 2018, aportando documentos que implicaban directamente a Hilda Hernández, hermana del presidente, como figura central del esquema.
En audiencias públicas declaró que «las decisiones las tomaba la ingeniera Hilda Hernández con el conocimiento del presidente de la república Juan Orlando Hernández Alvarado».
Por su colaboración, fue mantenido bajo custodia especial de la ATIC, precisamente por el temor a represalias.
La huida y el largo camino hacia el juicio
El acuerdo de protección que Suárez firmó con el Ministerio Público nunca se cumplió cabalmente. En noviembre de 2021, Suárez renunció formalmente al programa de testigos protegidos tras denunciar el incumplimiento de los acuerdos de protección y beneficios por parte del Estado.
Su abogado reveló en ese momento que su cliente se habría escapado de la protección del Ministerio Público, aunque desde la fiscalía aclararon que técnicamente no se trató de una fuga, pues el programa era voluntario.
Lo que sí quedó claro es que Suárez huyó del país convencido de que su vida corría peligro.
Menjívar temía que a su cliente se le hubiera aplicado la «Ley Fuga», señalando que era un testigo que manejaba información muy sensible sobre el Caso Pandora, y que el Ministerio Público nunca utilizó adecuadamente la información que él había entregado.
Ese mismo año, Suárez abandonó el país y solicitó una visa humanitaria a España, donde su familia había encontrado refugio desde 2018 ante las amenazas derivadas de su colaboración.
Suárez viajó a El Salvador en 2022 para intentar llegar a España, pero fue detenido en julio de ese año. Contaba con alerta roja de Interpol, pero no fue entregado de inmediato a las autoridades hondureñas debido a que poseía asilo político otorgado por España.
Así permaneció más de veinte meses recluido en una cárcel salvadoreña, en un limbo legal que reflejaba la complejidad del caso.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador concedió su extradición, y el 30 de julio de 2024 fue extraditado a Honduras.
Condena y multa millonaria: el desenlace judicial
El proceso llegó a su fin el 12 de septiembre de 2025. El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó una condena de siete años y un mes de prisión contra Fernando Suárez, luego de homologar un fallo por acuerdo de estricta conformidad.
La sentencia también incluyó una multa de 288 millones 160 mil 175 lempiras, además de inhabilitación absoluta por un período de 14 años y dos meses.
Suárez fue declarado culpable por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos falsos, tras comprobarse su participación en el desvío de fondos estatales destinados originalmente a proyectos de desarrollo, que fueron redirigidos hacia campañas políticas.
La pena, menor a la máxima posible, tomó en cuenta su colaboración con la justicia.
Sin embargo, mientras el testigo que delató la trama fue condenado, los acusados que él señaló como sus cabecillas —incluidos varios funcionarios del Partido Nacional— siguieron en libertad, beneficiándose de un sistema judicial que, durante años, priorizó los tecnicismos sobre la verdad que Suárez puso sobre la mesa.