Ministra de Gobernación contrata 4 planes telefónicos con celulares de alta gama que suman más de 200 mil lempiras
En medio de los crecientes llamados a la austeridad en la administración pública, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), bajo la titularidad de Sulmy Ortez, suscribió un contrato de telefonía celular que incluye cuatro dispositivos móviles de alta gama, comprometiendo un desembolso superior a los 233,000 lempiras.
El contrato de prestación de servicios, firmado con la proveedora Telefónica Celular, S.A. de C.V. (Tigo Business) y formalizado el 22 de julio de 2026, establece una permanencia obligatoria de 18 meses.
La estructura tarifaria incluye dos planes de L3,362.82 mensuales y dos de L2,268.95. Esto representa un subtotal mensual de L11,263.54 que, al sumarle el 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV), eleva la factura mensual para el Estado a L12,953.07, alcanzando una erogación total acumulada de L233,155.26 al finalizar el plazo.
El anexo de adjudicación de equipos especifica la entrega de cuatro celulares de última generación marca Apple: dos modelos 17 Pro Max y dos 17 Pro.
No obstante, en el expediente no consta ningún dictamen técnico ni justificación institucional que sustente la necesidad de dotar a funcionarios de esta dependencia con aparatos de este nivel tarifario para sus tareas rutinarias.
A esto se suman irregularidades administrativas y de control interno: en el listado de identificación de líneas (Anexo B), los cuatro números figuran registrados a nombre de la ministra Sulmy Yamileth Ortez Maldonado, omitiendo asignar la identidad y cargo de los usuarios finales.
Además, en el Apéndice II del contrato, las casillas para registrar las series y códigos de SIMCARD/IMEI se encuentran completamente en blanco, vulnerando los controles de bienes del Estado.
Esta erogación de fondos públicos para financiar tecnología de lujo contraviene los principios de racionalidad del gasto fijados en las Disposiciones Generales del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado.