El gobierno de Honduras, mediante la Dirección de Protección al Consumidor, anunció el 26 de noviembre de 2024 que tras investigar las denuncias sobre el aumento de precios en las recargas electrónicas de Telefonía Celular S.A. (Tigo), decidió sancionar a la compañía por violar los derechos de los consumidores.
La resolución impuso una multa de 500 salarios mínimos, que asciende a 6,578,265 lempiras, como castigo por las irregularidades encontradas.
La sanción se aplicó porque la empresa aumentó los precios de las super recargas sin una justificación adecuada, infringiendo así los derechos económicos de los usuarios.
Además, la Dirección señaló que esta multa se impuso debido a la reincidencia de la empresa en prácticas que contravienen la Ley de Protección al Consumidor y su reglamento.
Según el comunicado oficial, hay registros de infracciones similares previas cometidas por la misma empresa.
Se estableció que la empresa debía pagar la multa a la Tesorería General de la República dentro de un plazo máximo de 15 días.
