Entérate cuántos millones obtuvo la ASJ gracias a estos convenios firmados con Chinchilla y Argueta
¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas organizaciones de la sociedad civil son tan agresivas con las actuales autoridades, mientras que durante el gobierno anterior se mostraban notoriamente condescendientes?
Detrás de esa conducta existen grandes intereses en juego. Para ilustrarlo, a continuación presentaremos el caso de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), un claro ejemplo de cómo opera lo que algunos describen como la «mafia» de las ONGs en Honduras.
Muchas ONGs, como la ASJ, dependen de fondos provenientes de organismos internacionales. Para acceder a estos recursos, deben presentar proyectos que luego son evaluados y aprobados por las entidades financiadoras.
En este contexto, los convenios firmados con instituciones del Estado se convierten en activos muy valiosos: facilitan la creación de proyectos que, al contar con respaldo estatal, tienen mayores probabilidades de ser financiados.
Un ejemplo concreto de esta dinámica fueron los convenios que la ASJ firmó en 2019 con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Estos convenios fueron suscritos con el fin de implementar el «Modelo de Gestión Fiscal por Resultados» en el Ministerio Público y del «Modelo de Gestión por Audiencias» en el Poder Judicial.
Gracias a estos convenios, la ASJ logró abrirse paso hacia importantes fuentes de financiamiento, como la generosa subvención de más de 10 millones de lempiras otorgada a principios de febrero de 2020 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de DAI Global, una organización que ejecuta proyectos financiados por USAID.
Cabe destacar que la ASJ firmó múltiples convenios con el Ministerio Público y el Poder Judicial durante las cuestionadas gestiones de Óscar Chinchilla y Rolando Argueta.
Además, un reciente reportaje publicado por el diario El Libertador, que describe a la ASJ como una «millonaria transnacional de sociedad civil», revela que esta organización administró alrededor de 464 millones de lempiras únicamente entre 2014 y 2020, derivados de numerosos proyectos ejecutados en Honduras.
Cabe señalar que el actual gobierno se opone a que organizaciones no elegidas por el pueblo y financiadas por entidades extranjeras incidan en las decisiones soberanas del Estado, lo que representa un duro golpe para los intereses de estas ONGs, cuyos mayores financiamientos dependen precisamente de la firma de convenios con instituciones del Estado.
Así, queda claro cómo los intereses económicos explican en gran medida las diferencias en el comportamiento de estas organizaciones según el gobierno de turno.