Cúpula empresarial huye ante preguntas sobre millonario saqueo liderado por el representante del COHEP en la Tasa de Seguridad
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, evitó responder al periodista Álex Cáceres cuando este la cuestionó sobre el caso de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del COHEP en dicha instancia.
La empresaria optó por retirarse rápidamente, dejando sin contestar la pregunta en torno a un caso que sacude nuevamente los vínculos entre la empresa privada y millonarios escándalos de corrupción en Honduras.
La reacción de Gallardo se dio justo después de que el Ministerio Público anunciara la presentación de un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina Rodríguez y Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., por suponerlos responsables de defraudación al Estado por 18.5 millones de lempiras mediante el suministro de tarjetas PVC para licencias de conducir.
A ambos se les imputan los delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Según la investigación, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa constituida apenas dos meses antes de ser beneficiada.
No obstante, de las 480 mil tarjetas contratadas, solo 258,000 llegaron al país.
El 22 de enero de 2022, apenas cinco días antes del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plasticards. Tres días después, la gerente Mayorga Castillo transfirió 17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, quien tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo en la Tasa de Seguridad.
Asimismo, se comprobó que las tarjetas fueron realmente suministradas por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en EE.UU., e importadas por Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina.
El Ministerio Público también señala que los implicados utilizaron fachadas de empresas internacionales y sistemas financieros de EE.UU. y Francia para triangular y lavar millones de lempiras provenientes del erario.
Ante estos hechos, el MP asegura haber incautado 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a los acusados.
Colaboración en EE.UU.
Cabe señalar que hace pocos días trascendió que Molina Rodríguez se encuentra en Estados Unidos, donde colabora con la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida en calidad de testigo en un caso más amplio de sobornos millonarios.
Según el caso que se lleva en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, los sobornos fueron pagados desde ese país para adjudicar contratos inflados de uniformes de la Policía Nacional durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Entre 2015 y 2019, los supuestos sobornos disfrazados de gastos administrativos fueron enviados a Francisco Roberto Cosenza Centeno y Juan Ramón Molina Rodríguez, ambos altos funcionarios de la Tasa de Seguridad.
De acuerdo con Pro-Honduras Network, Molina firmó un acuerdo judicial en Estados Unidos que lo obliga a cooperar de manera plena con las autoridades federales, lo que podría revelar nombres de empresarios y políticos hondureños vinculados a este entramado de sobornos y lavado de dinero.